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Las consecuencias del desfinanciamiento: falta de planificación, desinversión, desregulación y gestión nula

  • Foto del escritor: Tiempo Sindical
    Tiempo Sindical
  • 21 may 2024
  • 3 Min. de lectura

Por Nicolás Salerno Ercolani




El accidente de trenes ocurrido en la Línea San Martín el 10 de mayo, vuelve a poner en debate el servicio de transporte público ferroviario, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.


Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el servicio de transporte público ferroviario viene sufriendo demoras y cancelaciones que afectan a todas las líneas del área metropolitana, aunque vale la pena precisar que, según datos del Monitor de Servicios Públicos que elabora el INDEC, actualmente, viajan menos pasajeros que antes de la pandemia del Covid.  


En lo que va del año y según datos de la Comisión Nacional para la Regulación del Transporte (CNRT), menos del 70% de los servicios de la línea Mitre llegaron puntuales; la línea Roca transitó con el 30% de sus frecuencias, durante casi todo el último mes; el ferrocarril Sarmiento sigue funcionando con diagrama de verano, que reduce en un 8% los servicios entre Once y Moreno. 


El transporte ferroviario de pasajeros constituye un segmento esencial en la locomoción de cientos de miles de trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires; la experiencia de la gestión privada durante los años 90 demostró ser un fracaso, expresado en el cierre de trayectos, así como un profundo deterioro del servicio.

Al inicio del gobierno de La Libertad Avanza, existió un atraso en el nombramiento de funcionarios para las empresas ferroviarias  –demora que también se extendió a muchos los organismos públicos- esto, sumado la destrucción del Ministerio de Transporte y su absorción en la cartera de Economía, generó una serie de problemas tales como falta de pagos a diversos proveedores, el freno a diversas obras y el faltante de recursos e insumos. Además de la demora en las designaciones, el Ministerio de Economía no dio a conocer un presupuesto claro para Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).


En forma pública, diversos funcionarios del actual gobierno nacional declararon que la intención es reprivatizar los servicios ferroviarios, que fueron  recuperados para la gestión estatal en 2015. La mencionada SOFSE, es una de las empresas previstas para la privatización en el proyecto de la denominada “Ley Bases” que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Desde esa perspectiva, comenzó un proceso de desinversión, confirmado por datos oficiales que verifican la caída en más de 90% con respecto al presupuesto del gobierno anterior. Otro dato que grafica el abandono: fondos de un crédito del BID para la electrificación del recorrido de la línea San Martín que realiza el trayecto Pilar-Retiro, se encuentra frenada y el ministro Caputo solicitó permiso al organismo para utilizar ese dinero en otros fines. 


A ello cabe agregar la paralización de una serie de servicios, como el de pasajeros de Bahía Blanca a Constitución, el trayecto del Roca de Ayacucho a Tandil, el servicio de la línea Mitre a Campana y Zárate (Está llegando solamente a Escobar). A la desinversión se le suma la pretensión gubernamental de llevar adelante un ajuste agudo sobre los y las trabajadores del sector: se proyectan alrededor de 3 mil despidos iniciales en los próximos meses. Ante esta situación, los distintos gremios que representan a los trabajadores del sector mantienen el estado de alerta y movilización.



El transporte ferroviario de pasajeros constituye un segmento esencial en la locomoción de cientos de miles de trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires; la experiencia de la gestión privada durante los años 90 demostró ser un fracaso, expresado en el cierre de trayectos, así como un profundo deterioro del servicio. Por el contrario, la propuesta para la reconstitución de un sistema ferroviario exitoso, tanto en lo que refiere al transporte de personas como para la logística en el aparato productivo, requiere de planificación, inversión, regulación y gestión con una fuerte presencia del Estado, como lo demuestran países como España, Italia, Alemania o Estados Unidos.


 
 
 

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