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El capítulo laboral de la Ley Bases: una reforma a medida del poder

  • Foto del escritor: Tiempo Sindical
    Tiempo Sindical
  • 16 ago 2024
  • 3 Min. de lectura


El capítulo laboral de la Ley Bases, que finalmente fue aprobada por ambas cámaras, pone en funcionamiento una serie de modificaciones en el régimen laboral que son la punta de lanza para el viejo anhelo del poder concentrado de nuestro país: volver a un estado de situación pre-peronista donde la relación entre el capital y el trabajo no esté mediada por el Estado y donde se limite al mínimo posible la participación de los sindicatos. 


A continuación, el análisis de los principales puntos de la nueva norma, algunos de los cuales necesitaría ser reglamentado para su aplicación. 


La Ley 27.742, más conocida como “Ley Bases” establece la quita de penas a los empleadores que hayan tenido trabajadores de forma irregular, esto es sin realizarles los aportes jubilatorios ni de cargas sociales correspondientes. Bajo la figura de un blanqueo, la nueva Ley establece una especie de amnistía para quienes se beneficiaron en perjuicio de los trabajadores: "Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas", reza la redacción oficial. 


Por otra parte, se extiende la jornada de prueba o período de "pasantía" de tres meses a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, a ocho meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y a un año para mini pymes de hasta cinco trabajadores.

En lo que respecta a las indemnizaciones, la Ley Bases crea un “fondo de cese laboral” optativo que se determinaría en los convenios colectivos de trabajo. Esta modalidad significaría que los trabajadores aportarían un 8% de su salario a un fondo de cese laboral aún sin que exista despido, y en el caso de que esto ocurriera el trabajador aportaría al pago de su propia indemnización. 

Además, esta reforma laboral impulsada por el gobierno libertario y apoyada por el PRO y el radicalismo, elimina la doble indemnización en el caso de los despidos de trabajadores que no recibieron sus aportes y quita las penas a las empresas que tercerizan trabajadores.


Otro de los puntos más controversiales de la Ley es el que permite a una persona contratar a otras cinco sin considerarse un empleador y quedando eximido de toda responsabilidad. "El trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco (5) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional", sostiene el articulado.


En lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras estatales, el artículo 52 de la Ley Bases establece que podrán ser pasados a disponibilidad para luego ser despedidos: "Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional", sostiene la norma. 


Además de estos puntos señalados, la nueva norma atenta contra el derecho a la huelga y a la protesta, al entender la participación en una medida de fuerza como causal de despido. 

Más allá de reglamentaciones y planteos judiciales que seguramente se realizarán para que se revise la constitucionalidad total o parcial de la pretendida reforma, el Gobierno avanza en dirección a la plena implementación de la norma y muestra cuál es su deseo en lo que concierne al mundo del trabajo: Precarización, pérdida de derechos, negociación desigual y la desarticulación total de las acciones colectivas. 


Queda en los trabajadores, las trabajadoras, sus representantes y dirigentes, tanto gremiales como políticos, dar una respuesta que esté a la altura de la avanzada del Gobierno y que sirva para defender los derechos conquistados que hoy están en peligro. 



 
 
 

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